La necesidad de un cambio en los marcos Técnicos Normativos Contables en Colombia
Por Juan Fernando Mejía, Contador Público de la Universidad de Antioquia. Asesor Contable y Tributario de Home Center, de Seguros del Estado y de PYMES. Revisor Fiscal de Brigard Urrutia. (www.globalcontable.com/perfil)
Aunque algunos hemos defendido la aplicación de las NIIF en los mercados financieros que requieren reportes de información predictiva, de propósito general, estás sólo son requeridas para entidades que cotizan en la bolsa y para “PYMES” en el entendido que el mismo estándar global establece (cuando hay separación de propiedad y control).
Sin embargo, muchos hemos advertido que en Colombia se obligó a las NIIF a las micro y pequeñas empresas, dejando que el mercado defina el criterio profesional con el que se aplica, en perjuicio económico del empresario. Hasta podría decirse que la aplicación de las NIIF y su clasificación en algunos grupos ha sido objeto de presuntos abusos en su aplicación.
Por ejemplo, mientras las NIIF dicen que valorar propiedades, planta y equipo es opcional (NIC 16, párrafo 29 y NIIF PYMES, párrafo 1715), en Colombia el mercado vendió y sigue vendiendo que es obligatorio.
Esto genera altos costos de implementación para el pequeño y mediano empresario, pues si bien es cierto que es recomendable valorar inmuebles, a la gran mayoría de micros y PYMES se les vendió en el ESFA y se les vende la supuesta obligación de valorar mesas, sillas, computadores viejos y hasta papeleras de baño. Incluso a las copropiedades se les dio conceptos por escrito diciendo que “tenían” que valorar este tipo de bienes muebles.
Uno de los principales mitos es que no pueden tenerse activos totalmente depreciados, cuando la NIC 16 en el párrafo 79b sí lo permite e indica que sólo se requiere una revelación de estos bienes, aunque se estén usando.
Al respecto, escribí un artículo denominado “Terrorismo Contable con los bienes Muebles” (Disponible en http://bit.ly/2VxS2mo) que no ha sido bien recibido en algunos ámbitos académicos y profesionales, pues se muestra una realidad del mercado de la que pocos se preocupan.
Pero gran parte de esta problemática se presenta por la contradicción en la definición de Micro y de PYME.
Por ejemplo, una entidad del sector comercial es “Micro” si tiene menos de $1.535 millones en ingresos (Ley 590 de 2000 y Decreto 957 de 2019), pero para fines contables es obligada a aplicar las NIIF PYMES, sólo por tener 11 trabajadores o 500 SMMLV en activos (Decreto 2420 de 2015), contradicción sobre la que no encuentra explicación técnica.
La panadería de Gerardo Osorio fue objeto de este caos. Un especialista en NIIF le dijo que tenía que valorar los hornos y el mobiliario que estaban totalmente depreciados, justo por pertenecer al grupo 2 de los marcos técnicos normativos, pues tenía 11 trabajadores. El microempresario no tiene toda la información y las decisiones terminan dependiendo del juicio profesional de quien le vende esta idea, por lo que se termina asumiendo un costo innecesario, sin que nadie en el Estado se preocupe.
Parece un propósito (o mejor un despropósito) que muchas entidades queden clasificadas como “PYMES” y que tengan que asumir altos costos de mantenimiento de información contable y tributaria.
Esto termina afectando al mismo gremio profesional de los contadores y la pérdida de credibilidad en el mercado.
Al respecto, envié un derecho de petición al Consejo Técnico, con respuesta negativa, el 6 de febrero de 2020, solicitando que la definición Comercial de Microempresa y de PYME, que está en la Ley 590 de 2000 se aplique también para fines contables, reduciendo así una brecha gigante, permitiendo que el micro empresario aplique contabilidad simplificada, es decir, una contabilidad basada en el costo, pues no necesariamente requiere informes de propósito general para inversionistas en mercados públicos de valores.
Si se aplicara esta propuesta, muchas empresas que hoy están en el grupo 2 quedarían en el Grupo 3.
Y si esto fuera reforzado en los conceptos del CTCP, diciendo claramente que las copropiedades y microempresas sólo están obligadas a una contabilidad al costo, se tendría una importante eficiencia de mercado y se cerraría la puerta a quienes han vendido criterios exagerados a las PYMES.
El derecho de petición que envié y que recibió respuesta negativa del CTCP y del regulador puede consultarse en https://bit.ly/2ULNGqm (Allí se expresa en detalle la propuesta de reducir estos umbrales que no parecen defender los intereses económicos del micro y mediano empresario).
Además, desde aproximadamente 2010 se ha confundido al mercado con la supuesta obligación de mantener libros dobles y hasta triples (un “libro NIIF”, libro “ColGAAP” y “libro tributario”).
Muchas casas de software contable le vendieron esta “solución” a las empresas y el Gobierno legalizó esta rara práctica con el Decreto 2548 de 2014, aunque sólo lo permitió por el año 2015. SIn embargo, han pasado lo años y en el 2020 todavía se le vende a las empresas la “necesidad” de replicar la información de un libro a otro, cuando en el mundo se usa un solo libro con registro de diferencias, para dar cumplimiento tanto a normas contables como tributarias, como lo explico en www.globalcontable.com/libro
Permitir o consentir dos o tres libros contables no solo es antitécnico, sino que contribuye a la confusión a los potenciales fraudes contables y fiscales que se facilitan manteniendo tal duplicidad, máxime cuando las tecnologías de factura electrónica y otras más avanzadas como el blockchain hablan de libro electrónico y sistemas avanzados que dejan atrás la melancólica idea de los libros columnarios.
Incluso, a muchas empresas se les ha dicho que es “obligatorio” descomponetizar los activos desde su compra inicial, haciéndoles gastar importantes recursos, cuando en realidad las NIIF llaman componentes a las tradicionales “Adiciones y Mejoras” que se presentan en la medición posterior. Muchos hicieron costos estudios para “descomponetizar” activos ante la mirada pasiva de los organismos de la profesión contable. En el video “El Mito de la Descomponetización de Activos” se explica en detalle el alcance de este asunto (Disponible en https://youtu.be/rF9jnUUNiIU)
Otros asuntos de abuso en la aplicación de los marcos técnicos normativos ha sido la supuesta obligatoriedad de aplicar estimaciones, es decir, avalúos, valores presentes, intereses implícitos y similares a las entidades sin ánimo de lucro, sin distingo alguno.
Esto ha hecho que a iglesias se les diga que deben valorar una casa cural o hasta los templos, que se especule con la valoración de obras de arte religioso y que a muchas universidades se les haya dicho que tenían que valorar los activos y volverlos a depreciar, lo que les genera nuevos gastos de manera innecesaria, máxime cuando la valoración se hace hasta sobre bienes muebles, generando ajustes inmateriales, pero con una negativa relación costo beneficio en su manejo administrativo y contable.
Al respecto escribí el artículo “¿Por qué las NIIF no aplican a entidades sin ánimo de lucro?: una mirada al valor razonable”, disponible en http://bit.ly/2NICutx, en el que se muestran casos reales de costosas implementaciones de criterios por fuera de IFRS, basados en la falta de claridad y vigilancia del Estado.
Las normas contables en sí mismas no son neutrales. Teorías de las ciencias jurídicas indican que siempre hay intereses, buenos o malos en la regulación. Y no necesariamente esto es intencional, sino que en algunos casos las normas terminan beneficiando a terceros.
Aunque no es un problema del normalizador (es decir, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública), sí se requiere que el Estado regule la aplicación del ejercicio profesional y que los problemas de ética se midan en casos como este. Esto porque desde el CTCP se propuso el tope de los 11 trabajadores y el nivel de activos tan bajo, con lo que se terminó beneficiando intereses del mercado, sin vigilancia alguna.
No puede permitirse que esto mismo suceda con el supuesto interés de «modernizar la revisoría fiscal», donde se busca imponer las Normas Internacionales de Auditoría incluso a entidades muy pequeñas. Este sería un buen negocio para muchas firmas porque la mera auditoria financiera se centra en revisión de saldos y de predicciones o estimaciones subjetivas y porque es una forma de «librarse» de las responsabilidades del control integral requerido por la esta institución societaria encargada de velar por el interés público en el más amplio sentido social y de vigilancia.
Esperamos que ese no sea el sentido de la sonada modernización de la Ley 43 de 1990 y de la Revisoría Fiscal. Aunque seguramente hay cuestiones por discutir y por «modernizar», debe decirse claramente qué aspectos se pretenden cambiar, e ir emitiendo normas particulares, sin eliminar de plano la Ley 43 y las normas de revisoría fiscal.
Aunque opinar es ahora un «deporte de alto riesgo», la profesión contable no puede simplemente callar y dejar que sucedan los mismos supuestos abusos que han venido sucediendo con en el mercado con las NIIF.
Estos artículos y opiniones han sido usados por una firma como “prueba” en quejas en mi contra ante la Junta Central de Contadores por haber criticado la forma en que la norma fue realizada en Colombia y por proponer que el Estado debe intervenir un poco más en favor de las microempresas. En el proceso en mi contra se dice que he mencionado a personas de manera específica, sin que esto haya sido así. Solo mencioné a una persona para decir que no sabía si ella era quien había asesorado a las empresas de software en el tema de los libros dobles y fue ante una pregunta que alguien me hizo en facebook.
Pero, aun así, la Junta Central de Contadores ha recibido la queja, pues es su función, pero se comprueba con cosas como estas que criticar a los organismos y a ciertos entes de poder puede derivarse en un escarnecimiento.
He sido un defensor de las NIIF en los casos en que de verdad deben aplicarse criterios de predicción, pero la mayoría de empresas son no cotizantes en bolsa y requieren información de propósito especial, centrada en el control, pero el modelo contable prefiere eliminar las reglas y dejar al mercado sin regulación alguna, al solo juicio profesional, no necesariamente formado.
En algún momento, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia expuse estos criterios que entraban en contradicción con un miembro del CTCP con negativas consecuencias en mi ejercicio académico y profesional y se pretende una sanción animada por firmas que, sin pruebas fuertes, usan a los órganos de la profesión como un elemento de escarnio a quienes se atrevan a criticar al poder establecido.
El camino no puede ser graduar de enemigo a los que quieren opinar, sino buscar soluciones conjuntas.
Video relacionado: Simplificación Contable: Mitos y Efectos Tributarios de las NIIF
Video explicativo en
